El gobierno nacional oficializó, a través del decreto 462/2025, la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la degradación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), lo que representa un duro golpe para la histórica injerencia de los productores rurales en la conducción de estos organismos clave para el sector agropecuario.
Según detalla el portal Bichos de Campo , la medida implica la desaparición de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y la creación de un nuevo Comité Asesor, donde el sector privado mantiene cinco sillas, pero ahora con carácter honorario y sin poder vinculante. Los informes y recomendaciones de este comité solo serán tenidos en cuenta si así lo requiere la Secretaría de Agricultura, que además designará a su presidente y reglamentará su funcionamiento.
En el caso del INTA, el decreto elimina la autarquía política del organismo después de 70 años, subordinando su conducción al gobierno de turno. El Consejo Directivo, que antes contaba con la mayoría de representantes de entidades de productores y universidades, ahora tendrá ocho miembros: cuatro designados por el Estado y cuatro por el sector agropecuario, pero sin la participación de universidades ni de grupos técnicos como CREA. Además, todos los cargos serán ad honorem y el presidente del Consejo tendrá doble voto en caso de empate.
Estas modificaciones, impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger, forman parte de un paquete más amplio de reformas estatales y buscan, según el gobierno, agilizar la toma de decisiones y reducir costos. Sin embargo, desde el sector rural y científico se advierte que la pérdida de representación y autonomía puede afectar la transparencia, la calidad técnica y la orientación de las políticas en semillas públicas, investigación y extensión rural.
El artículo de Bichos de Campo subraya que la nueva normativa no menciona el futuro de los Consejos Regionales del INTA, que hasta ahora garantizaban la participación de productores y técnicos en todo el país. Se teme que estas instancias también sean eliminadas, profundizando la centralización y el recorte de voces en la toma de decisiones.
Entre los cambios previstos, el gobierno también planea despedir al 25% del personal del INTA, vender tierras consideradas ociosas y cerrar decenas de agencias de extensión rural, lo que podría impactar negativamente en la transferencia de tecnología y el acompañamiento a pequeños y medianos productores.
La medida fue interpretada como una “gran derrota” para la Mesa de Enlace y las entidades rurales, que históricamente tuvieron peso en la definición de políticas agropecuarias. Desde ahora, los productores tendrán una participación mucho más limitada y sin capacidad de decisión real en áreas estratégicas para el desarrollo del sector.