Intendentes de Entre Ríos manifestaron su preocupación ante la reciente medida del Gobierno nacional que prohíbe a los municipios incluir tasas en las boletas de servicios públicos como luz, gas y agua. La resolución, que forma parte de un decreto nacional, impacta de lleno en las finanzas municipales, ya golpeadas por la crisis económica y la caída en la recaudación.
Según datos relatados tras un encuentro entre el gobernador Rogelio Frigerio e intendentes de la provincia, algunos municipios ya registran una baja del 30 al 40% en el pago de tasas por parte de los vecinos. La imposibilidad de cobrar estos tributos junto a las facturas de servicios públicos profundiza la crisis y pone en riesgo la prestación de servicios esenciales.
Gustavo Bastian, intendente de San José, señaló que la medida desvía el debate de fondo sobre el costo real de la energía y criticó que la distribuidora nacional revende la energía a precios mucho más altos. Por su parte, Ariel Weiss, intendente de Colonia Avellaneda, advirtió que la recaudación de tasas en su municipio apenas supera el 50%, y que separar el cobro de la tasa de alumbrado público de la factura de luz dificultaría aún más la recaudación, afectando el pago a la empresa distribuidora Enersa.
El decreto nacional no solo prohíbe la inclusión de tasas municipales en las boletas, sino que también habilita a las distribuidoras a sancionar o cortar el suministro a quienes no cumplan. Los intendentes consideran que la medida traslada el problema del déficit nacional a las provincias y municipios, generando un conflicto directo con los vecinos.
Durante la reunión, se propuso uniformar el porcentaje de las tasas municipales, pero muchos jefes comunales advirtieron que una reducción los dejaría sin fondos suficientes para cubrir los costos de servicios y mantenimiento. Además, expresaron su preocupación por la propuesta provincial de tomar deuda para afrontar la caída de ingresos, diferenciando entre endeudarse para obras y hacerlo para cubrir gastos corrientes.
La situación se agrava porque los municipios deben asumir cada vez más responsabilidades, como la provisión de medicamentos y subsidios, ante el retiro de la Nación y la Provincia en áreas clave. Esto complica el pago de sueldos y el sostenimiento de servicios públicos, obligando a recortar horas extras y paralizar obras.
Los intendentes coincidieron en que la crisis no es solo económica, sino también institucional, y advirtieron sobre el deterioro de los derechos y la calidad de vida en las comunidades. Solicitaron un debate profundo sobre el financiamiento municipal y el costo de los servicios, en lugar de medidas que, según afirman, solo agravan la situación de los gobiernos locales y de los vecinos.
Fuente: UNO Entre Ríos
